TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-1954/25

 

COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA-Procesos en los cuales, según las pautas de ponderación, los factores de competencia de la Jurisdicción Especial Indígena no se satisfacen

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

SALA PLENA

 

AUTO 1954 DE 2025

 

Referencia: expediente CJU-7198

 

Asunto: conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 026 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Loma Grande y el Resguardo Indígena de Hungría

 

Magistrado ponente:

Vladimir Fernández Andrade

 

Bogotá D.C., diez (10) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

 

Nota previa: en observancia de la Circular Interna No. 10 de 2022 de la Corte Constitucional, sobre la anonimización de nombres en las providencias disponibles al público en la página web de esta Corporación, la Sala Plena dispuso que la presente providencia fuera presentada en dos ejemplares. Una, con el nombre real y la información completa de las personas involucradas en este caso, y otra con nombres ficticios. La razón para anonimizar es que la presunta víctima en el proceso penal es un menor de edad. Dado que esta versión de la providencia será publicada para consulta del público, los nombres reales serán sustituidos por nombres ficticios.

 

Con base en la citada la aclaración, la Sala Plena de la Corte, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, en particular, la prevista por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el presente auto respecto del asunto de la referencia, de acuerdo con los siguientes.

 

I.             ANTECEDENTES

 

1.            Síntesis de los hechos objeto de la investigación penal

 

1.            En el Juzgado 026 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Loma Grande, se adelanta proceso penal en contra del señor Juan Carlos por el delito de “Acceso carnal violento, artículo 205 del Código Penal (CP), con menor de catorce años agravado” contenido en el artículo 211 numeral 5º del CP[1].

 

2.            En concreto, al procesado se le atribuye la comisión del delito mencionado, con ocasión de la denuncia efectuada por una psicóloga del Hospital Civil de Loma Grande E.S.E. en el que se brinda acompañamiento psicológico al niño Juan Sebastián de 12 años, dadas las afectaciones a nivel psicológico y comportamental derivadas de la victimización.

 

3.            En atención a la denuncia, la fiscalía desplegó actos urgentes, entre los que se contempló la entrevista a la madre del niño afectado, Paola, quien relató que su hijo, entre llanto y pensamientos suicidas, le manifestó haber sido víctima de abuso sexual por parte de su primo-hermano Juan Carlos, quien bajo engaños y regalos ganó su confianza hasta abusar sexualmente de él en reiteradas oportunidades entre diciembre de 2018 y diciembre de 2020 en la casa de los padres del señor Juan Carlos ubicada en la vereda Casa Grande del municipio de Loma Grande, esto es, cuando la presunta víctima tenía entre 8 y 11 años.

 

4.            Por los anteriores hechos, Juan Carlos fue capturado el 12 de marzo de 2025 en el barrio La Fortuna del municipio de Los Chorros, en cumplimiento de la orden de captura expedida el 31 de diciembre de 2024 por el Juzgado 018 Penal Municipal de Loma Grande, la cual se legalizó en audiencia que se llevó a cabo en el Juzgado 259 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Los Chorros y en la que también se le imputó el delito de “acceso carnal violento en menor de 14 años agravado” y se ordenó medida de aseguramiento intramural en establecimiento carcelario.

 

2.            Reclamo de competencia por parte de las autoridades judiciales que integran distintas jurisdicciones

 

5.            Adelantado el trámite penal ante la jurisdicción ordinaria y una vez surtida la legalización de captura, la imposición de la medida de aseguramiento en contra del capturado[2] y su confirmación en sede de apelación mediante auto del 30 de abril de 2025 proferido por el Juzgado 016 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Los Chorros, el Juzgado 026 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Loma Grande, en curso de la audiencia de formulación de acusación llevada a cabo el 19 de septiembre de 2025 atendió una solicitud de la defensa del capturado y del Gobernador del Resguardo Indígena de Hungría, orientada a que se reconociera que, en cabeza de esa autoridad indígena recaía la jurisdicción para continuar con el conocimiento del proceso penal adelantado en contra del señor Juan Carlos [3]. Así, en el decurso de la audiencia se presentaron las siguientes intervenciones:

 

 

Tabla 1. Posturas procesales ante el reclamo de jurisdicción de la JEI

 

6.            El Juzgado 026 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Loma Grande analizó los factores personal, territorial, objetivo e institucional conforme a la jurisprudencia constitucional, en especial las sentencias T-617 de 2010 y C-463 de 2014. Concluyó que: (i) aunque tanto el procesado como la víctima pertenecen al pueblo de los Rios, se ubican en resguardos distintos (Hungría y Loma Grande respectivamente) y no se acreditaron mecanismos de coordinación interjurisdiccional; (ii) los hechos ocurrieron en un territorio sin plena correspondencia con el resguardo del procesado; (iii) el delito atenta contra bienes jurídicos prevalentes como la integridad y libertad sexual de un menor, protegidos por el artículo 44 de la Constitución, la Ley 1098 de 2006 y tratados internacionales; y (iv) la autoridad indígena no acreditó capacidad institucional para investigar, sancionar y proteger integralmente a la víctima.

 

7.            Por estas razones, el juzgado consideró que la competencia correspondía a la jurisdicción ordinaria penal y planteó conflicto positivo de jurisdicciones con la JEI, ordenando remitir de inmediato el expediente a la Corte Constitucional para su resolución, dejando constancia de la privación de libertad del procesado y de la calidad de menor de edad de la víctima. Por consiguiente, reclamó para sí el conocimiento del asunto y, por ende, suscitó el conflicto interjurisdiccional.

 

8.            Una vez remitido el asunto a esta corporación el 23 de septiembre de 2025^[9], el expediente fue repartido al magistrado sustanciador el 7 de octubre y enviado al despacho al día siguiente^[10].

 

9.            Luego, mediante Auto de 30 de octubre de 2025[11] se decretaron pruebas con el objetivo de identificar los requisitos para que una persona se considere parte del Resguardo Indígena de Hungría, precisar la ubicación geográfica y las zonas de despliegue cultural de la comunidad, examinar cómo las acciones investigadas afectan a la comunidad y conocer sobre los métodos de juzgamiento de delitos dentro de la comunidad. Se ofició al resguardo, a la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías (DAIRM) y al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH).

 

10.        La Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías (DAIRM)[12] dio respuesta a través de su directora técnica, quien además de informar sobre sus competencias enmarcadas en el Decreto 714 de 2024, indicó que “consultado el auto‐censo sistematizado y aportado por el Resguardo Indígena HUNGRÍA, se registra el Señor JUAN CARLOS en los censos de los años 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2025”.

 

11.        El Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH)[13] informó que el Resguardo Indígena de Hungría se ubicaba en el suroccidente del departamento de la Rosa, dentro del Nudo de los Rios, comprendiendo la mayor parte del municipio de Buenos Aires y extendiéndose más allá de sus límites administrativos en virtud de títulos coloniales inscritos en la escritura pública 509 de 1906, lo que explicaba que su delimitación jurídica no coincidiera plenamente con la división político-administrativa vigente. Señaló que el resguardo comprendía aproximadamente 8700 hectáreas, que la cabecera municipal ocupaba cerca del 33 % del territorio ancestral y que la población municipal para 2024 ascendía a 16338 habitantes, de los cuales el 97.98% se auto reconocía como integrante del pueblo de Los Rios, dato que evidenciaba un nivel excepcional de homogeneidad étnica y continuidad histórica del asentamiento.

 

12.        Explicó que el ingreso y permanencia dentro del resguardo no dependían únicamente de la residencia física, sino de criterios definidos por la autoridad tradicional, entre ellos el autorreconocimiento, el registro censal desde 2016, la participación en las mingas y ceremonias comunitarias y la aceptación de la cosmovisión propia, factores que determinaban tanto la pertenencia como la posibilidad de ejercer derechos colectivos. Indicó, además, que el cabildo administraba el territorio con base en el Derecho Mayor y en los principios del buen vivir, orientados a la armonía, la reciprocidad y el equilibrio con la naturaleza, lo que estructuraba no solo la organización interna sino también las respuestas frente a conductas que afectaran la vida comunitaria.

 

13.        Precisó que la jurisdicción propia se ejercía mediante autoridades tradicionales encargadas de conocer las faltas y conducir procesos orientados al restablecimiento de la armonía y no a la retribución punitiva, aplicando medidas como trabajo comunitario, fuetazos y restricciones temporales, según la gravedad del comportamiento y su impacto colectivo. Agregó que el resguardo contaba con el Centro de Armonización como espacio institucional para la aplicación de sanciones y para la resolución de conflictos conforme a procedimientos propios, lo cual demostraba capacidad material y organizativa para asumir investigaciones y juzgamientos. Finalmente, manifestó que la relación con la jurisdicción ordinaria se regía por el reconocimiento de la autonomía indígena previsto en el artículo 246 de la Constitución, de modo que la intervención estatal solo procedía cuando no se cumplieran los factores personal, territorial, objetivo o institucional, circunstancia que en su criterio no se presentaba en el caso consultado.

 

14.        El Resguardo Indígena de Hungría guardo silencio.

 

II.          CONSIDERACIONES

 

1.            Competencia

 

15.        La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos entre jurisdicciones, de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, adicionado por el artículo 14 del Acto Legislativo 02 de 2015.

 

2.            Presupuestos del conflicto entre jurisdicciones

 

16.        Los conflictos de competencia entre jurisdicciones se presentan cuando dos o más autoridades que administran justicia y pertenecen a distintas jurisdicciones, “se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ninguna le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)”[14]. De manera reiterada, la Corte ha considerado que para que se configuren estos conflictos, es necesario que se acrediten tres presupuestos: subjetivo, objetivo y normativo, los cuales se explican en el siguiente cuadro:

 

Tabla 2. Presupuestos que acreditan un conflicto entre jurisdicciones.

 

3.            El fuero penal indígena y la competencia de la Jurisdicción Especial Indígena

 

17.        El artículo 246 de la Constitución Política dispone la facultad de las autoridades indígenas para ejercer funciones jurisdiccionales en el ámbito territorial de la comunidad, de conformidad con sus usos y costumbres propios, siempre que sean compatibles con la Constitución y la Ley. El citado precepto señala, en todo caso, que “[l]a ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”.

 

18.        La Corte ha considerado que de este artículo constitucional se derivan cuatro atribuciones para las comunidades indígenas: (i) la facultad de establecer autoridades judiciales propias^[18]; (ii) la posibilidad de expedir normas y procedimientos autónomos^[19]; (iii) la sujeción de los criterios previos a la Constitución y la Ley^[20] y (iv) la competencia del Legislador para señalar la forma de coordinación interjurisdiccional. El reconocimiento de esta autonomía jurisdiccional se fundamenta en el respeto y protección de la diversidad étnica y cultural^[21].

 

19.        En este sentido, el fuero indígena es el derecho subjetivo del que gozan los miembros de las comunidades indígenas y que actúa como mecanismo de protección y preservación de su autonomía étnica y cultural. En consecuencia, la configuración del fuero indígena requiere la verificación de dos elementos esenciales: el factor subjetivo y el factor territorial^[22], mientras que la activación de la Jurisdicción Especial Indígena exige, además, que se acrediten el factor objetivo^[23] y el factor institucional u orgánico^[24].

 

Tabla 3. Factores o presupuestos de la Jurisdicción Especial Indígena

 

20.        Sin embargo, en el Auto 206 de 2021, esta corporación precisó que la inobservancia de uno o varios factores no conduce automáticamente a otorgar el conocimiento del proceso a la Jurisdicción Ordinaria, sino que, en su lugar, supone un ejercicio ponderado y razonable de los factores en la controversia, a efectos de hallar la solución que mejor satisfaga los derechos y principios involucrados, esto es, el debido proceso, las garantías de las víctimas, la diversidad étnica, el pluralismo jurídico y la maximización de la autonomía indígena.

 

4.            Examen del caso concreto

 

21.        En el asunto objeto de decisión se cumplen los tres presupuestos para la configuración de un conflicto entre jurisdicciones, por las siguientes razones:

 

22.        Presupuesto subjetivo: el conflicto se suscitó entre el Juzgado 026 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Loma Grande y el Resguardo Indígena de Hungría, autoridades que pertenecen a distintas jurisdicciones.

 

23.        Presupuesto objetivo: se acreditó una causa judicial respecto de la cual se alegó la falta de jurisdicción, en tanto la controversia se enmarca en definir a qué autoridad le corresponde adelantar la investigación penal seguida en contra del señor Juan Carlos, a quien se le acusa por la presunta comisión del delito de “Acceso carnal violento, artículo 205 del Código Penal (CP), con menor de catorce años agravado” contenido en el artículo 211 numeral 5º del CP.

 

24.        Presupuesto normativo: se verificó que las autoridades judiciales en conflicto citaron y justificaron su falta de jurisdicción en reglas jurídicas. En efecto, el Juzgado 026 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Loma Grande sustentó su competencia en el hecho de no encontrar acreditados, en el caso concreto, la totalidad de los elementos de activación de la JEI, con base en las Sentencias T-617 de 2010 y C-463 de 2014 de la Corte Constitucional[25]; mientras que, la autoridad indígena en coadyuvancia de lo argumentado por la defensa del capturado, sustentó su posición con base en el artículo 246 de la Constitución Política y el Auto 750 de 2021 de la Corte Constitucional[26].

 

25.        Superado el anterior estudio y a efectos de dirimir el presente conflicto, la Corte procederá a examinar los elementos que se exigen para la configuración y activación de la Jurisdicción Especial Indígena.

 

4.1.     Factor personal

 

26.        Sobre este factor esta corporación ha resaltado la primacía de los mecanismos de reconocimiento que las propias comunidades han adoptado en ejercicio de su autonomía[27]. Así, se ha señalado que deben tener mayor peso los mecanismos adoptados por los pueblos indígenas[28] y “debe primar la realidad sobre formalidades [,] como la inscripción en un determinado censo que puede estar desactualizado o contener errores”[29].

 

27.        En el presente caso este factor se satisface. El Gobernador del Resguardo Indígena de Hungría certificó la pertenencia del procesado a la comunidad y acompañó también la constancia del registro que expide la DAIRM y el cabildo de su comunidad[30]. Así, la observancia en conjunto de tales elementos de convicción da crédito a lo indicado por el gobernador.

 

4.2.     Elemento territorial

 

28.        Sobre este presupuesto se ha explicado que se otorga competencia jurisdiccional a las autoridades indígenas para conocer de los hechos que sucedan en su territorio. Este criterio ha sido entendido desde dos perspectivas: (i) estrecha, entendida como el espacio territorial físico, que comprenden los resguardos indígenas; y (ii) amplia, como un concepto que “hace referencia al espacio donde se desarrolla la cultura de cada comunidad, e involucra sus costumbres, ritos, creencias religiosas, modos de producción, entre otros”^[31].

 

29.        Este presupuesto no se cumple. La información verificada indica que los hechos que suscitan la causa judicial presuntamente tuvieron lugar en la vereda Casa Grande del municipio de Loma Grande, perteneciente al Resguardo Indígena de Loma Grande. Esta localización fue corroborada a partir de las fuentes abiertas[32] y de los documentos obrantes en el expediente, los cuales no permiten concluir que los hechos sucedieran dentro del territorio del Resguardo de Hungría.

 

30.        Y, si bien se reconoce que los resguardos de Loma Grande y de Hungría hacen parte de la etnia de los Rios, pese a los esfuerzos del despacho no fue posible obtener, por parte de la autoridad del Resguardo de Hungría, información que permitiera evaluar este elemento desde una perspectiva amplia. Ello debido a la ausencia de respuesta oportuna a los oficios remitidos con el fin de establecer si existía continuidad cultural y territorial que permitiera extender el criterio territorial más allá del espacio físico.

 

31.        En consecuencia, al no coincidir el lugar de ocurrencia con el ámbito territorial del resguardo que reclama competencia y no haberse acreditado el presupuesto desde su dimensión amplia, el factor territorial no se tiene por demostrado.

 

4.3.     Elemento objetivo

 

32.        Este factor implica analizar la naturaleza del sujeto o del bien jurídico afectado con la conducta punible y verificar si el proceso es de interés de la comunidad indígena o de la cultura mayoritaria o de ambos. El análisis de este elemento debe estar sujeto a la subregla de especial nocividad reconocida por la jurisprudencia constitucional, según la cual cuando la conducta investigada sea de especial nocividad en concepto de la cultura mayoritaria, la decisión no puede ser la exclusión definitiva de la Jurisdicción Especial Indígena. Es necesario, primero, definir el alcance que la conducta tenga para la comunidad indígena y, en caso de que sí pueda predicarse la satisfacción del requisito objetivo también para ella, como acto seguido, debe efectuarse un análisis más detallado y riguroso del factor institucional, para asegurarse de que la remisión a la Jurisdicción Especial Indígena no derive en impunidad, en una situación de desprotección para la víctima o en la afectación de las garantías del debido proceso para el investigado[33].

 

33.        En el presente caso este presupuesto no es determinante. Para la comunidad las conductas investigadas son asuntos que ella también reprocha, según lo dicho por el Gobernador del Resguardo Indígena de Hungría y lo informado por el ICANH, por lo que, tal como se expresó al momento de reclamar la jurisdicción, el comunero investigado debe ser sancionado al interior de comunidad conforme sus “leyes propias”.

 

34.        A su turno, para la sociedad mayoritaria el delito de acceso carnal violento reviste una especial nocividad, en tanto afecta bienes jurídicos de máxima relevancia constitucional vinculados con la integridad, dignidad, libertad y formación sexual. En relación con conductas de esta naturaleza cuando la víctima es un niño, niña o adolescente, la Corte ha resaltado que estos son sujetos de especial protección constitucional, cuyos derechos prevalecen conforme al principio del interés superior de la niñez consagrado en el artículo 44 de la Constitución y desarrollado en instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño. De tales mandatos se deriva la obligación reforzada del Estado de adoptar medidas de prevención, sanción y protección frente a cualquier forma de violencia sexual en contra de personas menores de edad, atendiendo a su situación de mayor vulnerabilidad y a la necesidad de garantizar plenamente su desarrollo integral.

 

35.        En ese sentido, comoquiera que concurre un mismo interés tanto para la sociedad mayoritaria como para la comunidad indígena involucrada en la protección prevalente de los derechos de la niñez frente a conductas de significativa nocividad, este presupuesto no resulta determinante para resolver el conflicto y corresponde, por tanto, acudir a un examen riguroso del factor institucional.

 

4.4.     Elemento orgánico o institucional

 

36.        Este presupuesto no se cumple. La solicitud de competencia formulada por la comunidad y la explicación general que brindó sobre cómo es el trámite de juzgamiento de posibles conductas punibles, supone una muestra de su institucionalidad. No obstante, dado que este elemento debe ser analizado de forma más exigente, como ya se anotó, la referida autoridad indígena estaba compelida a demostrar los procedimientos empleados para tramitar específicamente la conducta investigada, las garantías procesales que se le ofrecen al acusado y a las víctimas, así como la ejecución y vigilancia de las sanciones a imponer.

 

37.        Para explicar su institucionalidad, la autoridad del resguardo se limitó a manifestar que el proceso judicial se desarrolla conforme a los usos y costumbres reconocidos en el Título Colonial 125, indicando que la comunidad cuenta con el centro de armonización, ubicado en el municipio de Buenos Aires, donde los comuneros pueden ser juzgados y cumplir sanciones que, en casos como el investigado, oscilarían entre cinco y seis años bajo supervisión del cabildo y la realización de labores comunitarias. Sin embargo, dicha descripción es insuficiente, en la medida en que no precisa las fases del trámite, los mecanismos concretos de investigación, ni la forma en que se adelanta la valoración probatoria para adoptar una decisión definitiva. En consecuencia, no es posible determinar por qué su estructura judicial es idónea para imponer una eventual sanción frente a las conductas atribuidas.

 

38.        De igual manera, la información suministrada no permite identificar la existencia de un sistema específico de protección, acompañamiento y participación de la víctima en el desarrollo del proceso, ni protocolos destinados a garantizar su intervención en el esclarecimiento de los hechos. En situaciones como la aquí examinada, en la que el presunta afectada es un menor de edad, dichas garantías resultan esenciales para asegurar la prevalencia de sus derechos y el cumplimiento del deber reforzado de protección, sin que la respuesta allegada permita acreditar su implementación.

 

39.        Esto es relevante en tanto se debe demostrar que las autoridades indígenas cuentan con la institucionalidad necesaria para salvaguardar las garantías del procesado y proteger los derechos de las víctimas[34]. Por ende, debe indagarse si el juez natural del caso tiene la capacidad para prevenir, investigar y sancionar la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes. En todo caso se advierte que el examen de este presupuesto no es novedoso ni tampoco consagra una forma de tarifa legal para su demostración, pues, no se trata de un escenario que exija a las comunidades una carga desproporcionada, ya que las autoridades indígenas tienen la potestad de ilustrar a este Tribunal sobre las particularidades de sus sistemas de justicia propia, a través de los medios que mejor se ajusten a su usos y costumbres[35].

 

40.        Para la Corte, esta aproximación está justificada en el mandato constitucional que debe cumplir el Estado de proteger a los niños, niñas y adolescentes[36]. No obstante, en el presente asunto la autoridad indígena no ocupó su intervención en exponer si cuentan medidas orientadas a la protección especial por una posible violencia sexual ejercida sobre niños, niñas y/o adolescentes o remedios para su no repetición.

 

41.        Por todo lo anterior, esta Corporación no evidencia que se satisfaga en el caso particular este presupuesto.

 

4.5.     Ponderación de factores

 

42.        A partir de un análisis ponderado de los elementos, la Corte encuentra que, si bien se acreditó el elemento personal, no ocurrió lo mismo con el elemento territorial, por cuanto se acreditó que los hechos tuvieron lugar en un territorio que no pertenece al Resguardo Indígena de Hungría, sino al Resguardo Indígena de Loma Grande. Adicionalmente, el examen del factor objetivo determinó que no resultaba determinante en la definición del conflicto por la concurrencia de intereses por parte de la comunidad indígena y la sociedad mayoritaria.

 

43.        Por su parte, en análisis del factor institucional dio cuenta que la capacidad institucional de la autoridad indígena no brindaba en este caso las garantías judiciales necesarias para asegurar la protección de los derechos de la víctima.

 

44.        Por lo tanto, la decisión que mejor satisface a la administración de justicia es asignar el conocimiento del asunto a la Jurisdicción Ordinaria Penal, por lo cual se resolverá el conflicto de jurisdicciones a favor de la tesis del Juzgado 026 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Loma Grande.

 

45.        Por último, se instará a la autoridad competente a que implemente en el trámite y decisión de este asunto los enfoques étnicos necesarios con el objetivo de que se garantice un efectivo acceso a la justicia en consonancia con la diversidad cultural, tal como lo ha recordado esta Corporación en contextos de similar contorno[37].

 

III.      DECISIÓN

 

Con base en lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional,

 

RESUELVE

 

PRIMERO. DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Juzgado 026 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Loma Grande y el Resguardo Indígena de Hungría y DECLARAR que el conocimiento del proceso penal seguido en contra de del señor Juan Carlos por el delito de “Acceso carnal violento, artículo 205 del Código Penal (CP), con menor de catorce años agravado” contenido en el artículo 211 numeral 5º del CP, corresponde al Juzgado 026 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Loma Grande.

 

SEGUNDO. REMITIR el expediente CJU-7198 al Juzgado 026 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Loma Grande para que continúe con el trámite del referido proceso penal y para que comunique la presente decisión a los sujetos procesales e interesados dentro del trámite judicial correspondiente.

 

TERCERO. INSTAR al Juzgado 026 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Loma Grande para que implemente en el trámite y decisión de este asunto los enfoques étnicos necesarios con el objetivo de que se garantice un efectivo acceso a la justicia en consonancia con la diversidad cultural.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

 

 

 

 

JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR

Presidente

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

CARLOS CAMARGO ASSIS

Magistrado

 

 

 

HECTOR ALFONSO CARVAJAL LONDOÑO

Magistrado

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

LINA MARCELA ESCOBAR MARTÍNEZ

Magistrada

 

 

 

VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE

Magistrado

 

 

 

PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA

Magistrada

 

 

 

MIGUEL POLO ROSERO

Magistrado

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

 

 

 

 

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